Madres cuidadoras de 'Buscando Esperanza' recuerdan que sigue pendiente la regulación del autocultivo y el cultivo asociativo de cannabis con fines medicinales.
Cuando en noviembre del 2017 se promulgó la Ley 30681, ley que regula la cannabis para uso medicinal en Perú, ya quedaba claro que esta norma excluía a las asociaciones de cultivo que habían luchado para que el Estado peruano reconozca el valor terapéutico de esta planta estigmatizada como 'marihuana'. La licencia de cultivo de cannabis "se otorga exclusivamente a las entidades públicas y laboratorios debidamente registrados y certificados", según se lee en esta ley.
Por ello, si bien por un lado debemos reconocer el avance en el camino hacia el acceso real a cannabis que se está dando a través de algunos establecimientos farmacéuticos en Lima Metropolitana, no podemos olvidar el origen de la legislación vigente y la deuda social que se tiene con las personas que se dedican a cultivar cannabis y que han afrontado investigaciones policiales por abastecer de medicina a usuarios. Este es el caso de la asociación 'Buscando Esperanza', cuyos integrantes fueron acusados por la Policía en el 2017 por cultivar y preparar extractos para menores con trastornos neurológicos, pero que no pudieron ser denunciados penalmente porque era un fin terapéutico y no había tráfico. Actualmente, el problema es que, más de cuatro años después, su situación no ha cambiado: siguen esperando una regulación.
Por ello, las madres de 'Buscando Esperanza' piden al Congreso que revise la Ley 30681 a favor de los intereses de las asociaciones de pacientes y familiares que prefieren cultivar su propia medicina o hacerlo junto a cultivadores y profesionales de la salud que garanticen la calidad del producto y un tratamiento.
"Nuestro camino empezó de la mano de Ana Álvarez y Dorothy Santiago, representantes de Buscando Esperanza, quienes luego del diagnóstico complicado de sus hijos y viendo como sufrían con todos los tratamientos invasivos y cocteles de medicamentos, investigaron al respecto y se pusieron en contacto con otras madres que ya estaban usando el cannabis como tratamiento para sus hijos e hijas", recuerda la asociación.
En ambos casos, necesitan tipos de productos a base de cannabis que no están disponibles en el mercado formal: se trata de los cannabinoides ácidos THCA y CBDA, sustancias con propiedades antiinflamatorias y anticonvulsivantes que son de mucha utilidad en pacientes con trastornos neurológicos, como los que padecen los hijos de Ana y Dorothy. Además, debemos resaltar que los tratamientos con cannabis son personalizados, por lo que los productos estandarizados no garantizan una terapia efectiva.
"Desde esa primera piedra, hemos tenido que recorrer mucho camino, afrontar denuncias penales y judiciales, realizar marchas multitudinarias y sobre todo, ver a nuestros seres queridos sufriendo ante la falta de regulación de esta medicina y el estigma de toda la sociedad que sigue viendo al cannabis como un sinónimo de delincuencia", señala.
Las madres de esta asociación piden a los congresistas, actuales y electos, que atiendan y resuelvan este problema y que puedan no solo ayudar a sus menores hijos e hijas, sino también a cualquier otra familia que necesite de cannabis para uso medicinal.
"Somos madres luchadoras y no nos detendremos hasta lograr calidad de vida para ellos y ellas", se lee en la petición pública.
Para apoyar este pedido, pueden firmar la petición aquí: https://bit.ly/3eK80CZ
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