Quieren seguir tratando a una planta medicinal como una "droga peligrosa" que deben controlar y por la que deben perseguir a ciudadanos.
[Policía de Perú destruyendo cannabis / ANDINA]
Con una ley promulgada desde el 2017 que reconoce las propiedades medicinales de la planta cannabis sativa (mal conocida como "marihuana"), desde el exterior, Perú es observado como un país aparentemente avanzado en lo que respecta a la regulación de cannabis. Una normativa que considera al cáñamo (cannabis no psicotrópico) como sustancia no controlada debería traer beneficios para la economía, el empleo, el medio ambiente y calidad de vida para las personas. Sin embargo, la realidad es distinta.
El voto de Perú en la Comisión de Estupefacientes de la ONU el pasado 2 de diciembre en Viena fue en contra de la ley peruana, pero también guardó consistencia con las posiciones ultraconservadoras que los sectores Salud, Agricultura e Interior han manifestado en los últimos tres años con desinformación, burocratización y criminalización.
El 'No' del Estado peruano fue contra la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirar a la cannabis y sus resinas de la Lista IV de la Convención Única sobre Estupefacientes. Basada en un informe del Comité de Expertos en Farmacodependencia, la OMS valoró las propiedades medicinales de la cannabis, así como su seguridad al no presentar riesgo de muerte por su consumo.
Fue en contra de esta evidencia científica que votó el representante del Estado peruano, Néstor Popolizio. Sin embargo, sorprende la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que al día siguiente de la votación en la ONU, señaló que Perú votó "en concordancia con su posición a favor del uso medicinal y terapéutico" de la cannabis.
La "explicación" del Ministerio de Relaciones Exteriores refleja que uno de los tantos problemas para respetar los derechos a la libertad, salud, seguridad y vida de las personas que usan cannabis es el enfoque policial y la mirada prohibicionista que le dan a las políticas sobre esta planta. La Cancillería señaló que el Estado peruano creyó que aceptar la recomendación de la OMS comprometía "la base jurídica para el control del cultivo", por lo que sería conveniente mantener la "restricción universal respecto al cannabis y sus resinas".
Además, respecto al retiro de extractos y tinturas de cannabis de la Lista I de la Convención, el Gobierno de Perú creyó que esta recomendación de la OMS iba a provocar un "alto riesgo de propiciar su tráfico ilícito, al no poder ser objeto de control y de persecución penal".
"El Perú reafirmó su postura respecto a que las tres convenciones internacionales de fiscalización de estupefacientes conforman la piedra angular del sistema internacional de control de drogas", se lee en la nota de la Cancillería.
Está claro que el Estado peruano votó en contra de reconocer oficialmente las propiedades medicinales de la cannabis. Si la mayoría hubiera votado como lo hizo el representante de Perú, la cannabis seguiría en la lista de drogas más peligrosas, como el fentanilo, la heroína y otros opioides "que se consideran especialmente peligrosos", según la OMS. "El consumo de estas sustancias conlleva un riesgo significativo de muerte, mientras que el de cannabis no se asocia con este riesgo", señaló la autoridad sanitaria mundial en su informe publicado en enero del 2019.
Sin embargo, en su nota de prensa, la Cancillería mintió al señalar que votó "en favor de su uso para fines medicinales y terapéuticos".
Cabe resaltar que la posición del Estado peruano en la Comisión de Estupefacientes de la ONU se decidió en reuniones de trabajo con representantes de instituciones como la Comisión Nacional sobre Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa).
De Devida y Dirandro no sorprende, ya que son instituciones conservadoras y prohibicionistas que no han cambiado para nada sus políticas de "lucha contra las drogas" y siguen tratando a una planta medicinal como si fuera una droga peligrosa. Sin embargo, sí llama la atención la posición de Digemid, ya que, paradójicamente, su farmacia fue la primera en el país en vender de manera formal un producto de cannabis.
Lo que queda claro es que estamos ante una burocracia que, por razones desconocidas, se ha estado negando a valorar las evidencias científicas que señalan que cannabis es medicina. No les ha bastado con demorar los permisos para cultivo, dar licencias solo a laboratorios o droguerías e incumplir con la normativa que declara a un tipo de cannabis como sustancia no controlada. Han llevado sus creencias e intereses al ámbito internacional, pero han quedado como una minoría.
Sorprende que, tras el reconocimiento oficial de la ONU de que cannabis es medicina, el Poder Ejecutivo publique esa nota de prensa que refleja su conservadurismo para mantener un enfoque policial y criminalizador sobre un tema que es de salud pública.
Recordemos que la prohibición de la planta medicinal cannabis sativa no se fundamentó en ningún tipo de estudio o evidencia científica, sino que se motivó en el racismo, el colonialismo e intereses económicos que habían en 1950 y persisten hasta el momento. Para ello, desde Estados Unidos, se llevaron a cabo grandes campañas de desinformación para promover la falsa creencia de que esta era una planta peligrosa. Setenta años después, ahora EEUU está a punto de despenalizar a la cannabis a nivel federal, cuestión que la Cámara de Representantes ya aprobó. Para agregar una incoherencia más, la política sobre drogas de EEUU sigue siendo colonialista.
Desde Sativa Info, creemos que solo es cuestión de tiempo para que el prohibicionismo contra la cannabis caiga de una vez por todas. Sin embargo, eso no será posible sin la necesaria participación de la ciudadanía que debe movilizarse para denunciar los abusos y maltratos que sufren todos los tipos de usuarios de cannabis. Lo que está en juego son derechos humanos.
Sociedad civil se pronuncia
Para la asociación Buscando Esperanza Perú, que representa a las madres cultivadoras cuyos casos motivaron la legalización del cannabis para uso medicinal, esta posición del Estado peruano es "lamentable".
"Esto ha evidenciando su poca capacidad de generar ciencia local, reforzar el agro mediante la industria del cannabis y garantizar los derechos básicos de salud de ciudadanos", señaló 'Buscando Esperanza Perú' en un pronunciamiento en Facebook.
Por su parte, la organización Legaliza Perú recordó que la cannabis formó parte de las farmacopeas de EEUU y Europa cincuenta años antes que la ONU se creara.
"Paradójicamente, Estados Unidos es el principal exportador de la política prohibicionista, pero ahora está a un paso de legalizar la cannabis a nivel federal", dijo Luis Gavancho, presidente de Legaliza Perú.
Gavancho señaló que no se debe olvidar que, lamentablemente, el uso adulto responsable sigue sin aprobarse en la ONU. Ahora, la paradoja es que prohíben el uso libre de una planta medicinal, agregó.
Por su parte, la Federación de Cannabis Medicinal del Perú (Fecame) advierte que es posible que sectores ultraconservadores quieran recortar derechos.
“Esto muestra desconocimiento, una limitante ideológica de estos funcionarios o simplemente puede significar una amenaza para los miles de peruanos que usan derivados del cannabis para lograr calidad de vida ante la gravedad de sus enfermedades”, señala el abogado Mario Ríos, presidente de Fecame.
Según el abogado Ríos, en medio de la crisis política que afecta al país, es posible que "sectores ultraconservadores" quieran recortar derechos ya logrados después de una larga lucha. Estos habrían intentado hacerlo a nivel internacional yendo en contra de la propia normativa peruana.
Para la ONG Cannabis Gotas de Esperanza (CGDE), aún "queda mucho por luchar", ya que la cannabis sigue estando en la Lista I de la Convención de Estupefacientes, a pesar de que no existe dosis mortal ocasionada por el consumo de esta planta. "Algunos países siguen con una mentalidad arcaica", dijo CGDE acerca de la incoherente votación de Perú en la ONU.
"Esos/as diplomáticos/as no nos representan y nos parece muy lamentable que hayan votado en contra, francamente un ridículo internacional, teniendo en cuenta el estado de legalidad de la cannabis para uso medicinal y terapéutico en nuestro país", señaló CGDE en sus redes sociales.
Para el médico Max Alzamora, presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide (Apemedcann), el contradictorio voto de Perú en la ONU refleja la falta de coordinación entre los ministerios para una decisión de esta importancia. Esta decisión, agrega, concuerda con la "poca o casi nula promoción de este tipo de alternativa terapéutica por parte del Gobierno".
Por otro lado, el sector empresarial también ha manifestado su malestar por esta incoherente votación de Perú. Anden Naturals, la única empresa que ha vendido cannabis a DIGEMID, invocó a las autoridades peruanas a "reflexionar sobre la posición del Perú en esta instancia".
"Pensar en el bienestar de las personas requiere también de coherencia entre los grandes avances que se dan en el país y nuestras posturas internacionales", señaló Anden Naturals en un pronunciamiento en redes sociales.
Temores infundados
Al parecer, lo que le preocupa tanto a las autoridades de Perú es que medidas a favor de la cannabis vayan a provocar el aumento de la delincuencia o el incremento de problemas de salud. Pero las evidencias demuestran lo contrario.
En Uruguay, siete años después de iniciado el proceso de legalización del cannabis para sus distintos usos (médico o adulto responsable), 1 de cada 3 usuarios han accedido de manera legal y el narcotráfico ha perdido al menos 30 millones de dólares. Según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), no hay explosión del uso de cannabis, la edad de inicio se elevó a 20 años y apenas el 0,0001% de hospitalizaciones están relacionadas al consumo de cannabis.
Además, en su informe del 2019, la OMS señaló que el cannabidiol (CBD), uno de los dos principales compuestos de la cannabis, no representa un problema de salud pública.