Policía de Perú devolverá materiales a asociación de cultivo de cannabis medicinal

Actualizado: 26 sept 2021

El material fue incautado en febrero del 2017. Era usado por el cultivador Luis Gavancho, las madres de Buscando Esperanza y el médico Juan Lock Arrunátegui, para preparar aceites de cannabis para niños y niñas con diversas patologías.


Más vale tarde que nunca. Luego de más de tres años de la incautación, la Policía Nacional del Perú (PNP) devolverá el material que el cultivador Luis Gavancho Salvatierra (Legaliza Perú), Ana Álvarez (Buscando Esperanza) y el médico Juan Lock Arrunátegui usaban para preparar aceites de cannabis con fines medicinales.


Este lunes 17 de agosto del 2020, Gavancho Salvatierra, cultivador que ayudó a que decenas de familias consigan su medicina, recibió una notificación de la PNP.

En la comunicación, la autoridad le informó que este viernes 21 de agosto debe ir a recoger el material incautado el 7 de febrero del 2017. Esa noche, tras las quejas de unas vecinas por el olor a cannabis, un grupo de policías irrumpió, sin orden judicial, en el inmueble ubicado en San Miguel (Lima). En este lugar, las víctimas de la incautación preparaban extractos personalizados de cannabis que servían para reducir las convulsiones y aliviar el dolor crónico sufrido por niños y niñas con diversas patologías. Estos pacientes y sus familias habían pasado por largos tratamientos con fármacos químicos y no consiguieron efectos positivos hasta que se les administró fitocannabinoides por la vía sublingual.


Sin tomar esto en cuenta, la Policía se llevó siete plantas de cannabis sativa, una prensa, una lámpara y un sistema de hidroponía, que servían para cultivar y procesar los aceites medicinales. El cultivador, la madre de familia y el médico fueron injustamente acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.


En declaraciones a Sativa Info, Leonardo Latinez Ansaldo (Estudio Sousa & Nakazaki), abogado que defendió a las víctimas de la incautación, recuerda que la Fiscalía tenía la hipótesis de que este laboratorio casero era una supuesta fachada para traficar cannabis sativa. En las audiencias, recuerda el abogado, las familias presentaron las historias clínicas de cada paciente y mostraron, basados en evidencia científica y en sus propias experiencias, cómo la planta cannabis sativa había mejorado la salud de sus hijos e hijas. Argumentaron también que hicieron esto ejerciendo su derecho a la salud en un contexto en el que el Estado no cumplía su obligación de garantizarle tratamientos medicinales efectivos y seguros.


A pesar de ello, la Fiscalía insistía con su hipótesis de que era tráfico de drogas. “El sesgo era muy fuerte, había mucha estigmatización sobre la cannabis e incluso se llegó a faltar el respeto a las madres y los pacientes. Prácticamente estaban diciendo que eran narcotraficantes”, cuenta Latinez Ansaldo.


Este supuesto se cayó por completo, ya que Álvarez y las demás madres de Buscando Esperanza demostraron que el cultivo y esos extractos no estaban destinados para la venta, sino que era una práctica legítima asociativa y para el consumo con fines medicinales.


“En el delito de tráfico ilícito de droga, se castiga la comercialización y lo que estaba haciendo esta asociación era dar medicina a las personas, sin ningún daño a la salud, sino con un efecto positivo, terapéutico y mejorando la calidad de vida. El hecho era atípico, así que no era perseguible penalmente”, precisa el abogado.

Ante ello, el Poder Judicial consideró que solo hay delito de tráfico ilícito de drogas cuando hay comercialización. En este caso, quedaba claro que no había lucro, sino que se trataba de un ejercicio del derecho a la salud. Además, consideró que estaba por legalizarse el uso medicinal de cannabis. Finalmente, la jueza Rosa Zulueta Asenjo resolvió no abrir instrucción contra Gavancho, Álvarez ni Lock. Ni la Fiscalía ni la Procuraduría apelaron esta decisión.


Algo que tomó en cuenta la jueza fue que se estaba preparando un proyecto de ley para garantizar el acceso a cannabis sativa con fines medicinales. Sin embargo, casi tres años después de promulgada la Ley N° 30681, reglamentada desde febrero del 2019 por el Decreto Supremo Nº 005-2019-SA, el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar esta medicina a las familias y pacientes que las necesitan o podrían verse beneficiadas con flores y/o derivados de cannabis sativa.


Por ello, esta devolución del material incautado es una motivación para las asociaciones Buscando Esperanza y Legaliza Perú que, durante este tiempo, han continuado luchando para que se respete su derecho a cultivar y procesar sus propias medicinas, algo importante debido a la característica personalizada de los tratamientos con cannabinoides.





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