top of page

Municipalidades obstaculizan formalización de asociaciones de pacientes de cannabis

Desinformación y temor de los funcionarios municipales impiden la implementación de la Ley de Producción Artesanal. En un contexto de aumento de la informalidad en el sector cannabis, Dirandro y Digemid se han comprometido en tomar medidas para garantizar la continuidad de las asociaciones.



En la última reunión del año entre representantes de asociaciones cannábicas y el Estado peruano, funcionarios del Minsa y Mininter se comprometieron a abordar el principal obstáculo para la formalización del cultivo asociativo: la falta de licencias municipales.


Hasta ahora, más de 45,100 pacientes con más de 30 enfermedades crónicas de todas las regiones del Perú están inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC). Sin embargo, según la investigación de Sativa Info basada en cifras oficiales, el 72% nunca ha adquirido productos de establecimientos con licencia, señalando informalidad e ilegalidad. Además, el Minsa solo ha otorgado una licencia de cultivo, y esta ha sido para un laboratorio farmacéutico.


El nuevo Reglamento de cannabis para uso medicinal (Decreto Supremo N°004-2023-SA), vigente desde septiembre, responde a la Ley 31312, Ley de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo, incluyendo a asociaciones de pacientes y cultivadores. Sin embargo, esta forma de reglamentar excluye a asociaciones emblemáticas como 'Buscando Esperanza' y 'Mi Esperanza Brota de la Tierra', lideradas por Ana Álvarez y Ayde Farfán. Ambas son reconocidas madres luchadoras que han arriesgado sus libertades por el cultivo doméstico, actividad fuera de la regulación. Ni ellas ni cualquier otra persona que desee cultivar cannabis en su hogar para consumo colectivo podría obtener la deseada Licencia de Producción Artesanal (LPA) otorgada por el Minsa.


La normativa vigente establece que para solicitar la LPA, las asociaciones deben contar con un "certificado de cumplimiento de dispositivos de seguridad" de la Dirandro. Sin embargo, el requisito de presentar una Licencia de Funcionamiento Municipal específica para actividades con cannabis se ha convertido en una traba burocrática. Según averiguaciones de las asociaciones, los giros de negocio compatibles con la actividad de cultivo asociativo serían "Cultivo de especias y de plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas", con CIIU REV.4 0128, o el correspondiente a asociaciones civiles.


En la reunión gestionada por la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar y llevada a cabo el 22 de diciembre en el local de la DIGEMID (San Miguel, Lima), participaron representantes de más de 20 asociaciones cannábicas. El representante del Mininter, Carlos Minaya Basilio, reconoció un “cuello de botella” y reveló reuniones con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), así como con funcionarios de las municipalidades de Breña, Magdalena y Lima Metropolitana, encontrando desinformación sobre legislación cannábica y desconocimiento sobre propiedades medicinales.


Luis Gavancho Salvatierra, cultivador de la Asociación Ámbar, precisó que hay distintos tipos de cultivo y producción, las cuales varían tanto en volumen como tecnología. Señaló que, en caso una asociación obtenga licencia municipal con el giro de cultivo de plantas medicinales o como asociación civil, faltaría considerar la actividad de “producción artesanal”, que, según el Reglamento, es un "procesamiento alternativo" al de las empresas farmacéuticas realizado por las asociaciones "formadas únicamente por pacientes inscritos" en el RENPUC, o sus apoyos designados o representantes legales, para exclusivo beneficio de los/las pacientes calificados por el médico tratante que integran dichas asociaciones”.


En ese sentido, Gavancho advirtió que algunas asociaciones se pueden ver impulsadas a registrar que se dedican a otras actividades, como la “fabricación de productos farmacéuticos”, con tal de cumplir el requisito de tener licencia municipal. En el caso de la Asociación Ámbar, señaló, la municipalidad respondió que no puede emitir ninguna licencia que implique cultivar plantas porque está en una zona residencial y solo le podrían dar permiso como oficina. En ese sentido, manifestó su preocupación por los riesgos que implica mudar la asociación y transportar las plantas de un lugar a otro en un contexto de creciente delincuencia.


Un caso similar es el de la Asociación El Jardín de María José, presidida por Sergio Castañeda Landi. El cultivador contó que tuvo que mudar su taller y destruir las plantas que tenía, ya que el municipio le respondió que no podía otorgarle ninguna licencia para cultivar plantas. Actualmente, se encuentra en una zona rural fuera de Lima Metropolitana, pero tampoco ha obtenido resultados favorables: ha recibido tres visitas municipales y al final le dijeron que tenía que conseguir una reunión con el alcalde para convencerlo de firmar el permiso. Resaltó el temor de los funcionarios municipales para aprobar licencias a asociaciones cannábicas.


Jorge Paucar Albino, periodista y usuario medicinal de cannabis, recordó que el 'cuello de botella' asociado con la obtención de la licencia de funcionamiento municipal fue advertido desde octubre de 2021, cuando comenzó el diálogo entre las asociaciones y el Ejecutivo. Este problema fue expresado tanto de forma oral en las reuniones como por escrito durante el período de observaciones al proyecto de Reglamento. Paucar Albino subrayó que la situación descrita está desviando el propósito original de la Ley 31312, diseñada para regular los cultivos caseros o domésticos, como lo reconoció el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).


Además, argumentó que la exigencia de una licencia municipal parece innecesaria, ya que el plan de cultivo es responsabilidad del Midagri, el certificado de seguridad es emitido por el Mininter y la producción está bajo la jurisdicción del Minsa. Esta situación, agregó, expone a los cultivadores a la posibilidad de ser criminalizados, al ser presentados ante las autoridades locales como cultivadores sin licencia, lo cual amenaza la salud de los pacientes al poner en riesgo la seguridad de las plantas medicinales, que podrían ser destruidas, decomisadas o robadas.


Mientras se lleva a cabo la capacitación de los funcionarios municipales y se consideran otras medidas para superar esta barrera burocrática, Paucar Albino destacó la importancia de garantizar la seguridad y continuidad de las asociaciones mientras obtienen todos los permisos necesarios. En ese sentido, propuso la creación de un registro de asociaciones en proceso de formalización, que incluiría información como el número de partida registral y de RUC. Sin embargo, representantes de la DIGEMID indicaron que modificar el RENPUC para incluir un espacio donde los pacientes puedan indicar su afiliación a una asociación y proporcionar datos que aseguren ciertos estándares de formalidad sería la opción más viable.


Al concluir la reunión, la química farmacéutica Yisela Vargas Correa, del Equipo de Productos Controlados de la DIGEMID, enfatizó la urgencia de capacitar a los funcionarios municipales, dado que se ha evidenciado su desconocimiento y falta de información sobre temas relacionados con el cannabis. En simultáneo, Minaya Basilio, de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales, se comprometió a iniciar las gestiones necesarias con el Mininter y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que las municipalidades incluyan un giro de negocio correspondiente a la actividad de las asociaciones cannábicas. Finalmente, los representantes del Mininter y el Minsa se comprometieron a respaldar a las asociaciones en sus gestiones ante las municipalidades y a abordar problemas relacionados con el transporte ocasionados por posibles mudanzas de estas asociaciones.


Lentos, pero importantes avances. Esta fue la novena reunión del año entre representantes del Estado peruano y las asociaciones cannábicas, con logros como correcciones en la Justificación Médica y un protocolo de seguridad flexible por parte de Dirandro. El problema no resuelto es el control de calidad, que debería resolver el INS, pero sigue sin responder solicitudes de las asociaciones y mantiene tarifas que implicarían un gasto de bolsillo de alrededor de 8,000 soles por analizar una muestra de un producto cannábico.

Comments


bottom of page