Dos leyes reconocen a la cannabis como medicina en Perú, pero el Estado sigue denunciando a los cultivadores por "delito contra la salud pública". Mientras no se implemente una regulación flexible y adecuada a la realidad del país, usuarios y cultivadores de cannabis seguirán expuestos a la extorsión de algunos malos efectivos policiales y a denuncias penales. El nuevo Reglamento de cannabis ha entrado en vigencia este mes de septiembre, pero no resuelve el problema.
Mientras el mundo avanza hacia una comprensión más amplia de las propiedades medicinales y la despenalización de la cannabis sativa (marihuana), el Perú se encuentra atrapado en un limbo legal. Un aspecto crucial es que el Artículo 296 del Código Penal solo sanciona las actividades relacionadas al tráfico ilícito. Esta paradoja coloca al usuario en un dilema: se permite la posesión y el consumo, pero no la venta. Y, como veremos en este informe, policías, fiscales y jueces ponen en entredicho el derecho al autocultivo a pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) opinó que solo faltaba regularlo en la vía administrativa.
La consecuencia de esta contradicción es que muchos usuarios se ven obligados a recurrir al mercado negro, que, según una investigación fiscal y denuncias periodísticas, opera en complicidad con agentes de la policía corruptos. Esto también se refleja en el mercado medicinal, donde el 70% de pacientes registrados no adquiere sus productos en establecimientos farmacéuticos autorizados.
Si bien Perú dio un paso en 2017 con la promulgación de la Ley 30681, que fue un hito al reconocer oficialmente los beneficios terapéuticos de la planta; esta legislación otorgó la exclusividad de las licencias a la industria farmacéutica, excluyendo a los cultivadores y productores artesanales que habían luchado durante años por la despenalización a través de asociaciones con usuarios y familiares de pacientes con enfermedades crónicas.
La Ley 31312, aprobada en julio de 2021, buscaba resolver este problema y formalizar a las asociaciones de producción artesanal. Sin embargo, en contra de la opinión del Minjusdh, modificó el Código Penal al establecer que 'se excluye de los alcances' del Artículo 296-A 'solo cuando se haya otorgado licencia'. Según la ley, su Reglamento debía publicarse en septiembre del mismo año, pero recién se publicó en febrero del 2023, ha entrado en vigencia este mes de setiembre y no se ha otorgado ninguna licencia.
Esta demora del Estado ha dejado en su camino a usuarios y cultivadores denunciados e incluso sentenciados por el "delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas". Los procesos judiciales que presentamos en este informe han sido complicados por la falta de comprensión técnica sobre la cannabis. No se ha tenido en cuenta el porcentaje de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto medicinal de la planta, que es relevante para determinar si se trata de "cannabis psicoactivo". Además, las autoridades a menudo incluyen tallos y hojas al calcular el peso, ignorando que el THC y otros cannabinoides se encuentran principalmente en las inflorescencias. Estos errores han llevado a acusaciones injustas y sentencias cuestionables.
Los fiscales han alegado un "peligro abstracto" de tráfico ilícito basado en la mera posesión de plantas de cannabis. Para Pedro Vera Ortiz, abogado que actualmente lleva estos casos, los policías y fiscales “ven marihuana y ven delito” y apuestan por acusar de “delitos a futuro”. “Es bastante peligroso porque estamos dejando a discreción de fiscales, que no entienden de cannabis, tipificar delitos en un Poder Judicial con jueces que no quieren analizar el problema de fondo”, señala.
El Ejecutivo, en calidad de "parte agraviada", busca el pago de reparaciones civiles a través de la Procuraduría contra el Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior (Mininter) en muchos de estos casos. Es decir, el Estado que no implementa la regulación y no otorga las licencias de cultivo, con lo que deja a los cultivadores expuestos a denuncias penales, es el mismo que denuncia a estas personas por cultivar cannabis.
En medio de esta maraña legal, cultivadores y pacientes enfrentan denuncias penales, sentencias y obstáculos significativos para acceder a tratamientos de cannabis. Los casos destacados que exploramos en este artículo arrojan luz sobre la compleja realidad legal que rodea al cannabis en Perú.
Sergio Castañeda Landi (Asociación El Jardín María José)
Tiene 39 años y es conocido por haber colaborado con la asociación Buscando Esperanza, caso que motivó que las autoridades consideren la necesidad de regular el cultivo de cannabis para uso medicinal en el 2017. Desde el 2020, debido a las restricciones por la pandemia, empezó a cultivar para su hija, que padece diabetes, y para otros usuarios inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) del Minsa. En noviembre del 2021, junto a su madre, constituyó la Asociación “El Jardín de María José” motivado por la Ley 31312, que había sido promulgada cuatro meses antes.
La tarde del 5 de agosto del 2022, personal policial recibió la “orden superior” de ir al departamento donde Sergio y su familia vivían en San Miguel (Lima) para “constatar que en dicho lugar se estarían fabricando sustancias ilícitas”. La Policía decomisó 33 plantas y 26 plántulas (en etapa de germinación) y se llevó detenidas a la madre y hermana de Sergio, quienes estaban en el momento de la intervención policial. Ambas estuvieron privadas de su libertad durante 15 días.
Sergio y su madre han sido sentenciados, en primera instancia, por los delitos de “comercialización y cultivo de marihuana y su siembra compulsiva” a 3 años con 4 meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 8,000 soles de reparación civil. En su resolución, la jueza reconoce que la Ley 31312 fue promulgada un año antes de ocurridos los hechos, pero señala que “para los actos de siembra y cultivo” se requiere de “una licencia o autorización” emitida por el Minsa. Para la magistrada, solo están “legalmente autorizados” los “productos farmacéuticos” con registro sanitario y estos deben ser adquiridos en farmacias y boticas que cuenten con licencia. La jueza consideró que los acusados “han manipulado y comercializado, sin registro sanitario” sin los controles de médicos profesionales ni químicos farmacéuticos. Por ello, sostiene, Sergio y su madre han “afectado el bien jurídico de salud pública”.
Corte Superior de Justicia de Lima
Expediente: 05310-2022-7-1826-JR-PE-12
Jueza: Vilma Quispe Huamán
Martín Perez del Solar Sánchez Concha (Asociación Quranay)
Tiene 46 años y es víctima del Sodalicio, grupo católico donde abusaban de adolescentes y jóvenes. Sufre de estrés postraumático y empezó a consumir cannabis, ya que con la planta encontró el alivió que no lograba con los fármacos. Por su efecto inmediato, eligió la vía inhalatoria de inflorescencias. Ante la falta de acceso a este producto en establecimientos farmacéuticos autorizados, decidió, junto a otros cultivadores y pacientes, fundar, en abril del 2022, la Asociación Quranay, de la que es actualmente vicepresidente.
El 2 de mayo del 2023, por una diligencia de lanzamiento con autorización de descerraje en el edificio, personal policial de la Comisaría de San Bartolo ingresó al departamento que Martín había alquilado para usarlo como estudio de música. Las autoridades fueron atendidas por Martín, este reconoció la existencia de cannabis para su consumo personal y los policías se llevaron 11 plántulas e insumos de cultivo y compostaje. Martín está inscrito en el RENPUC y cuenta con receta médica de inflorescencias, pero para la jueza esta es insuficiente porque se tiene que justificar la cantidad de gramos total decomisada.
Debido a que demostró tener arraigo, la jueza desistió del pedido de 7 meses de prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público, que lo acusa de los presuntos delitos de siembra compulsiva y posesión con fines de tráfico.
Corte Superior de Justicia de Lima Sur
Expediente: 04648-2023-1-3003-JR-PE-01
Jueza: Elizabeth Celeste Chávez Hachata
Christian Vargas Sánchez (autocultivo)
Tiene 21 años y está inscrito en el RENPUC. La Policía ingresó a su domicilio el 6 de mayo del 2022 tras, según el Mininter, recibir información confidencial de que se estaba cultivando cannabis en su azotea. Le quitaron las 9 plantas que tenía en macetas, así como otros insumos para el cultivo y consumo. Él y su pareja, Kimberly Alexa Silva Neyra, han sido denunciados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de “posesión de drogas tóxicas con fines para tráfico” y por “cultivo de marihuana”.
El Ministerio Público argumenta que el primer Reglamento (2019) indica que “los consumidores de marihuana deben adquirirla en centros autorizados y en caso deseen cultivar dicha planta, deben obligatoriamente de contar con la licencia respectiva, y sometida a los controles de fiscalización”. En el requerimiento acusatorio, la fiscal Patricia Salas insiste en que “no se encuentra autorizado el cultivo de la cannabis sativa marihuana en ninguna circunstancia, sino que los consumidores de dicha sustancia deben acudir a los lugares autorizados de su expedio; más aún cuando en el caso en concreto, la cantidad de marihuana desplantada, secada, acopiada y acondicionada, supera ampliamente las cantidades permitidas para el consumo directo”. En los exámenes periciales, no se precisó el porcentaje de THC que podrían producir las inflorescencias de las plantas decomisadas. La Fiscalía pide 9 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva para los dos acusados y 10 años de inhabilitación temporal.
Corte Superior de Justicia de Lima Norte
Expediente: 01388-2022-8-0901-JR-PE-02
Juez: Wilmer Roy Quispe Umasi
Expediente 03414-2023-0-3005-JR-PE-01 (autocultivo)
Es un ciudadano español que vivía en Barranco (Lima), donde compartía un inmueble con otras dos personas. Según el Mininter, los policías recibieron información de que en el lugar donde residía se vendía droga, por lo que la tarde del 1 de octubre del 2021, realizaron un “operativo de forma sigilosa”, fueron atendidos por su compañera de piso, quien respondió que “el fuerte olor” era por un “cultivo familiar” para el consumo propio que tenían en una habitación e incluso les mostró la carpa de cultivo que medía 1.20 metros de ancho por 2 metros de alto. La Policía se llevó las 10 plantas que encontró en el lugar. De estas muestras, solo 4 tenían inflorescencias de cannabis, que es de donde se obtiene el THC, que es la sustancia controlada. Las autoridades no han calculado el porcentaje de este cannabinoide, que cuando supera el 1% se convierte en “cannabis psicoactivo”.
El acusado fue señalado como presunto autor del delito de “cultivo de marihuana y su siembra compulsiva”. Para el Ministerio Público, la sola existencia de un cultivo de cannabis es indicador de un delito. El Mininter también es denunciante en este caso y argumenta que cannabis es una “nociva sustancia prohibida que, por su naturaleza, origina céleremente daños graves a la salud de los ciudadanos que la puedan consumir, creando rápida adicción y dependencia, situación que repercute en el desarrollo normal familiar, social y personal de las personas”.
Corte Superior de Justicia de Lima Sur
Juez: Juan Carlos Minaya Trujillo
Diana Caya Mallma (autocultivo)
Tiene 30 años y se encuentra privada de su libertad en el penal de Cusco. Tras recibir “información anónima de un vecino”, el 26 de enero del 2022, policías se hicieron pasar por civiles en una venta de garaje que ella y su conviviente hacían para luego hacer el registro del lugar, de donde decomisaron 6 plantas de cannabis. Por ello, el Mininter la acusa a ella y a quien era su conviviente del presunto delito de “favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico ilícito”. La Fiscalía pide 10 años de pena privativa de la libertad y el Mininter pide 12,000 soles por concepto de reparación civil.
Corte Superior de Justicia de Cusco
Expediente: 00028-2022-88-1015-JR-PE-02
Juez: Gilbert Arias Paullo
Luis Gavancho Salvatierra (víctima de extorsión)
Tiene 40 años y cultiva para él y otros pacientes desde el 2015. Fundador de Legaliza Perú, fue el cultivador del caso de la Asociación Buscando Esperanza (2017) y no procedió la denuncia penal en su contra, ya que se demostró que era para fines medicinales y que había un vacío legal. Desde 2020, ha estado participando en reuniones sobre cannabis para uso medicinal en el Minsa, Mininter, Midagri y con legisladores. En enero del 2022, constituyó la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar, de la cual es actualmente el presidente. Esta asociación tiene a todos sus pacientes inscritos en el RENPUC.
El 25 de abril del 2023, cuando manejaba su camioneta, fue interceptado en Chorrillos por un vehículo particular, del cual bajaron 5 personas vestidas de civil, entre ellas una de nacionalidad extranjera, quien lo acusaba de poseer cannabis mientras los otros se ponían el chaleco de la Policía. Los efectivos le quitaron su celular y billetera, lo amenazaron con llevarlo a la Comisaría, Gavancho les explicó que era cultivador de una asociación de pacientes legalmente constituida y, luego de revisar su vehículo por dentro y por fuera, y no encontrar ningún objeto relacionado a cannabis, se retiraron devolviéndole sus pertenencias. Gavancho denunció este hecho ante el congresista Edward Málaga Trillo y este envió oficios al Mininter. En un primer momento, la Policía respondió enviando efectivos afuera del domicilio del denunciante para entregarle personalmente una notificación en la que decían no tener registro de ninguna intervención policial en la zona y que las personas no estaban debidamente uniformadas; sin embargo, se ha constatado que el registro de la intervención lo hicieron días después de que Gavancho hiciera público el caso en medios de comunicación. El Ministerio Público ha abierto investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y delito contra la vida, el cuerpo y la salud contra el efectivo policial Christian Laurente Paytan, dueño del vehículo de placa AEM 157 que interceptó a Gavancho.
- Firma la petición en Change.org para apoyar la reforma del nuevo Reglamento de cannabis en Perú y garantizar el acceso seguro y justo a los pacientes y cultivadores. https://chng.it/6tpcjW7Y79