Compartimos un perfil sobre el abogado experto en políticas de drogas.
[Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán]
Mediante Resolución Suprema N° 158-2021-PCM, publicada hoy 10 de noviembre, el presidente Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, designaron al abogado Ricardo Soberón como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Soberón es abogado especialista en temas de políticas de drogas, cuenta con Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bradford (Inglaterra), es fundador del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH) y miembro del Transnational Institute. Se ha desempeñado como Coordinador del Programa de Fronteras de Consejería en Proyectos en Colombia y ha sido presidente de Devida entre el 2011 y 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, político que en campaña electoral tuvo una agenda a favor de los cultivadores de hoja de coca.
Tras su breve paso por Devida, Soberón siguió trabajando en lo que es su especialidad y fue asesor de la excongresista Tania Pariona (Nuevo Perú), con quien trabajó el proyecto de ley 1393 (2016) sobre cannabis. Como recordó en una entrevista publicada en diciembre del 2019 en LaMula.pe:
"[El proyecto] Incorporaba todo el espectro de los usos del cannabis en términos de sus cualidades como planta medicinal y se reconocía su uso milenario como relajante natural. También incluía el uso recreativo bajo el mismo paraguas que el alcohol: ser mayor de edad y no consumir cuando se conducen vehículo. Se proponía que todo eso esté bajo un sistema de registros y licencias. Lamentablemente, los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Luz Salgado fueron los primeros cruzados de una mirada represora, de ponerle candados innecesarios amparados en el absoluto desconocimiento, prejuicio y miedo que ellos tenían sobre el mundo del cannabis a nivel mundial y del Perú".
En esa fecha, Soberón postulaba al Congreso con el partido Juntos por el Perú (JP). Para mejorar el acceso a cannabis y hacer respetar los derechos de todos sus usuarios, Soberón propuso tres cambios:
"Uno para corregir la ley de cannabis medicinal vigente que requiere una revisión y un nuevo texto que sea mucho más amigable con los pacientes que necesitan la planta. Otro para reformar el artículo 296A del Código Penal para que se exceptúe de condena a los ciudadanos que tengan hasta 100 plantas de cannabis sativa; es decir, para permitir el autocultivo. El tercero es para evitar la persecución al consumidor, los policías entienden que es el fiscal el que debe determinar la responsabilidad. Actualmente, los usuarios están expuestos a detenciones, golpizas, abusos y hasta sembrado de otras sustancias ilícitas", señaló Soberón.
En ese sentido, Soberón criticó que, en el 2018, el 40% de detenidos por drogas fue por consumo, que no está tipificado como delito.
"Están distrayendo sus recursos donde no deben. La política de drogas es un desastre, está secuestrada", señaló.
El abogado especialista en políticas sobre drogas resaltó que los peruanos deberíamos aprovechar todas las escalas del cannabis: la macrocomercial, que corresponde a los laboratorios o grandes empresas, el terapéutico enfocado en los pacientes, el cosmético y el de los productos alimenticios. De igual manera, Soberón propuso que se debería incluir a la producción artesanal para incluir a la cannabis como una medicina natural en correspondencia con la Ley General de Salud y sus artículos sobre medicina tradicional.
"Ese es un aspecto interesante, ahí puede entrar la medicina indígena o alternativa sobre la base de plantas maestras. Podríamos plantear no solo al cannabis, sino a la hoja de coca, el ayahuasca, el San Pedro, entre otras plantas de uso tradicional", dijo Soberón en el 2019.
Ahora, Soberón asume funciones como jefe de Devida en momentos en los que el Estado peruano tiene el reto de regular la producción artesanal con cultivo asociativo de cannabis para uso medicinal mientras se sigue criminalizando y deteniendo a cultivadores y usuarios. El pasado 25 de setiembre, se venció el plazo para que el Poder Ejecutivo publique el Reglamento de la ley de cannabis para uso medicinal, que ahora incluye a las asociaciones de cultivo conformadas por pacientes.
Actualmente, Perú tiene dos leyes que reconocen a cannabis como medicina: la Ley 30681 (2017) que le dio la exclusividad de las licencias a la industria farmacéutica y la Ley 31312 (2020) que ha incluido a las asociaciones de cultivo y a productores artesanales. Sin embargo, el Código Penal sigue castigando con cárcel a las personas que se dedican a actividades relacionadas a la comercialización de cannabis sin licencia y mantiene al contradictorio Artículo 299, que se refiere a la cantidad de "posesión punible" de drogas, a pesar de que poseer drogas no es delito. Como han explicado anteriormente diversos abogados penalistas como José Ugaz, Leonardo Latinez y Pedro Vera, el tipo base es el Artículo 296, en el que se especifica que el delito que se sanciona es el de tráfico ilícito de drogas. Por ello, cultivar, producir, poseer, almacenar y transportar cannabis para el propio consumo no es delito. Lamentablemente, policías y fiscales no toman esto en cuenta y cometen abuso de autoridad con malas prácticas normalizadas, por lo que urge una modificación del Código Penal y capacitación masiva a funcionarios.
[Foto del Archivo: Ricardo Soberón cuando postulaba al Congreso con Juntos por el Perú]
Proyecto de ley sobre cannabis en el que participó el actual jefe de Devida: