Este domingo 6 de junio, dos candidatos conservadores disputan la segunda vuelta. Ninguno de ellos está a favor de la regulación del uso adulto de la cannabis, pero en sus equipos técnicos está la diferencia.
El escenario no parece nada alentador para los derechos de las personas usuarias de cannabis en Perú. Dos candidatos conservadores han llegado a segunda vuelta: ni Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ni Pedro Castillo (Perú Libre) se han mostrado a favor de mejorar la regulación de la cannabis en el país, incluso el tema no ha sido parte del debate político ni en primera ni segunda vuelta.
Sin embargo, en el caso de Fuerza Popular es conocida la posición contraria a reconocer al cannabis como medicina. Fue la bancada Fuerza Popular la que saboteó uno de los debates en la Comisión de Salud e impidió que las asociaciones de madres cuidadoras y cultivadoras participen en la sesión.
Con todos estos obstáculos en contra de las madres de la asociación 'Buscando Esperanza', el debate continuó y, finalmente, lo que se puso a votación en el Pleno del Congreso fue un proyecto de ley ya intervenido por el fujimorismo, ya que las licencias de cultivo quedaron como exclusividad de laboratorios farmacéuticos certificados y se excluía a las asociaciones de pacientes, que habían luchado para que el Estado peruano reconozca al cannabis como una planta medicinal.
En sus intervenciones, los congresistas de Fuerza Popular llegaron a acusar a los pacientes de defender intereses de "narcotraficantes". Cuando se debatió en el Pleno del Congreso, los fujimoristas Bienvenido Ramírez y Julio Rosas intervinieron para rechazar el proyecto en base a noticias falsas y sin ningún tipo de evidencia científica. A pesar de esta oposición, la Ley 30681 se terminó promulgando en noviembre del 2017.
Para la elaboración del Reglamento de la Ley 30681, que tuvo una demora de quince meses, cuando el plazo era solo dos, los fujimoristas nuevamente intervinieron y estuvieron al mando de las mesas de trabajo en el Congreso. Con la intervención de organizaciones como Federación de Cannabis Medicinal del Perú (Fecame) y Cannabis Gotas de Esperanza (CGDE), se logró que el Ministerio de Salud (Minsa) aceptara no ponerle límites a las concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC). Como un sector de la industria farmacéutica quiere hacer creer, la posición del Minsa era limitar al THC como si solo el cannabidiol (CBD) fuera una sustancia medicinal.
Otro hecho a considerar sobre Fuerza Popular es que lleva en su equipo técnico al médico José Recoba, conocido promotor de fórmulas lácteas vendidas por Inkafarma y Mifarma, establecimientos farmacéuticos del Grupo Intercorp. En junio del 2020, diversas asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas denunciaron al Grupo Intercorp por presuntamente vulnerar el derecho fundamental a la salud y el principio constitucional de libre competencia "al hacerse de una posición de dominio dentro del mercado farmacéutico". Entre los denunciantes estaba la Fecame.
Además, el Grupo Intercorp aportó a una campaña de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) que terminó favoreciendo a la candidata Fujimori. En el 2010, Interbank realizó una contribución bancarizada de 178,500 dólares y, en el 2011, aportó 200,000 dólares a Confiep.
Actualmente, Inkafarma y Mifarma venden extractos estandarizados de CBD importados desde Estados Unidos (EEUU) por la empresa Anden Naturals.
El primer proyecto cannábico
Por otro lado, si bien durante la primera vuelta el candidato Pedro Castillo se mostró en contra de ampliar la regulación de la cannabis en Perú, en esta segunda vuelta ha prometido tomar decisiones de política pública basadas en evidencia científica. Ha propuesto la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha encargado los temas de salud al médico Hernando Cevallos, excongresista del Frente Amplio que es el autor del primer proyecto que buscaba regular el uso medicinal de la cannabis en el país y que incluía a las asociaciones de cultivo.
El proyecto de ley 1159/2016-CR fue presentado por Cevallos el 5 de abril del 2017 y proponía crear el Registro de Clubes Cannábicos de cultivo y producción de cannabis con fines medicinales. El proyecto del ahora vocero en temas de salud de Perú Libre se basaba en los pacientes y no en la industria farmacéutica. También buscaba promover la investigación científica en la materia. Lamentablemente, como hemos señalado anteriormente, este proyecto quedó desechado por la oposición del fujimorismo y el aprismo y se tomaron propuestas de otros parlamentarios que dieron como resultado la Ley 30681.
Actualmente, el sector de cannabis para uso medicinal está avanzando: la empresa Cann Farm fue la primera en obtener una licencia para cultivar cannabis en el país y Cannabis & Co es la primera botica especializada en cannabis del Perú. Sin embargo, como ya han pedido 'Buscando Esperanza', Fecame y CGDE, el Estado peruano sigue en deuda ya que las licencias de cultivo siguen siendo exclusivas para los laboratorios farmacéuticos, se sigue excluyendo a las asociaciones de cultivo y se sigue criminalizando a las personas que cultivan para su propio consumo.
Según el último reporte de DIGEMID, hay más de 15,000 personas inscritas en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis provenientes de todas las regiones. Una estimación del Centro de Estudios del Cannabis de Perú señala que esta planta medicinal tiene el potencial para beneficiar a más de 7 millones de personas con distintas enfermedades de todo el país.
Estos son algunos datos que las personas vinculadas a la cannabis deberían tomar en cuenta a la hora de votar este 6 de junio del 2021.