Los riesgos penales contra las asociaciones de cultivo de cannabis en el proyecto de Reglamento

En noviembre del 2021, asociaciones de pacientes y cultivadores pidieron que se eliminen las denuncias en casos de incumplimiento de requisitos del Reglamento de cannabis para uso medicinal.

[Foto: Getty Images]


La Ley 31312, promulgada en julio del 2021, incluyó a la producción artesanal de las asociaciones de cultivo en la regulación medicinal de cannabis en Perú. Si bien el cultivo para el propio consumo colectivo no está tipificado como delito en el Código Penal, la criminalización que sufren usuarios y cultivadores provocó que se presente una propuesta legislativa que luego fue mejorada en el Congreso. Como se ha explicado anteriormente, esta ley respondió a la necesidad de garantizar el acceso directo a medicina cannabinoide y proteger a las asociaciones de los riesgos que antes corrían.


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Por ello, resulta contradictorio que en el proyecto del nuevo Reglamento de cannabis para uso medicinal, encargado a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), se contemple la posibilidad de denunciar penalmente a las asociaciones de cultivo que incumplan con algún requisito administrativo. Para el abogado José Ugaz, profesor principal de Derecho Penal en la PUCP, lo que corresponde en caso de incumplimiento es, como máximo, una multa, ya que el cultivo asociativo no es un delito.


De hecho, la Ley 31312 ya impuso una serie de requisitos que serían suficientes para que se cumpla el objetivo de la ley, que es garantizar el acceso a cannabis para uso medicinal:

  • Las asociaciones tienen que estar conformadas por pacientes inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis para uso Medicinal (RENPUC), donde todas las personas usuarias de cannabis pueden registrarse gratuitamente en la web de Digemid.

  • Las asociaciones pueden estar constituidas por dos o más pacientes o representantes legales inscritos en el RENPUC.

  • Para obtener la licencia de cultivo asociativo, se requiere que cada uno de los miembros de la asociación o institución esté inscrito en el RENPUC.

En ese sentido, cabe resaltar que la licencia para la producción artesanal con cultivo asociativo autoriza el cultivo, procesamiento, transporte y almacenamiento de cannabis para uso medicinal. Además, como ha reconocido la Digemid, a las asociaciones no le corresponden los requisitos que son para comercializar, ya que se trata de asociaciones sin fines de lucro en las que no habrá venta al público, sino que la cannabis será de uso exclusivo de los pacientes beneficiarios de la asociación.


Tomando en consideración que, para garantizar el derecho a la salud y a la libre asociación, el Estado peruano debe promover la asociatividad y no imponer barreras burocráticas ni sanciones penales, en noviembre pasado, las asociaciones de cultivo pidieron a Digemid que elimine estas trabas del proyecto de nuevo Reglamento de cannabis para uso medicinal.


Los artículos observados solo tienen sentido si se mantiene la creencia de que cannabis es un peligro para la salud pública, lo cual no solo carece de sustento científico, sino que sería contradictorio con las leyes 30681 y 31312, que reconocen el carácter medicinal de la planta y sus derivados. Además, en dos años de regulación medicinal, el Minsa no ha recibido ningún reporte de reacciones adversas por cannabis, como informamos anteriormente.


Si estas restricciones se mantienen, se desalentará la asociatividad en usuarios medicinales debido al temor por los riesgos penales y a los costos que implica mantener altos estándares de seguridad.


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