En un país con niveles de informalidad que superan el 75%, no sorprende que, en el sector cannabis, la mayoría de emprendimientos sean informales, especialmente si consideramos que las licencias de comercialización de la planta y sus derivados se mantienen exclusivas para la industria farmacéutica.
Tras el injusto allanamiento policial a un departamento en San Miguel (Lima), donde una asociación cultivaba y procesaba cannabis para pacientes pediátricos; en febrero del 2017, se reunieron diversas propuestas legislativas en un proceso que culminó, en noviembre de ese año, con la promulgación de la Ley 30681. Sin embargo, esta ley no incluyó ni a las asociaciones de cultivo ni a los productores artesanales, quienes habían sido motivo del debate político y legislativo sobre el reconocimiento legal de la cannabis como medicina en Perú.
Más de cuatro años después de la promulgación de la Ley 30681, vemos que el Estado peruano ha fracasado al incumplir su obligación de garantizar un acceso seguro e informado a esta planta medicinal. Si bien hay avances como la primera licencia de cultivo otorgada a un laboratorio y el reconocimiento legal de la producción artesanal con cultivo asociativo, los indicadores señalan que el problema de acceso se mantiene: más del 60% de personas inscritas en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) no compra en establecimientos autorizados, según cifras oficiales obtenidas por 'Sativa Info' en setiembre del 2021. Además, según Cann Farm, el único laboratorio con licencia de producción cannábica en el país, solo el 5% de productos que se comercializan en este mercado proviene de empresas formales.
Considerando que el cultivo de cannabis es una actividad agrícola, no sorprende los niveles de informalidad, ya que, de acuerdo a un informe publicado por la Asociación de Exportadores (ADEX) en el 2020, en el sector agropecuario, la informalidad empresarial alcanza niveles de 99%. Entre las causas de la informalidad señaladas en el documento, se encuentran: un régimen normativo opresivo (elevados costos tributarios y laborales); costosos procesos de inscripción y débil capacidad de supervisión por parte del Estado. "En general, la informalidad prevalece cuando los costos de formalizarse son mayores a los servicios ofrecidos por el Estado (protección policial, judicial, acceso al financiamiento, etc.)", se explica en el informe. Todo esto se cumple en el caso del mercado de cannabis para uso medicinal, donde, para solicitar la licencia de producción, la primera empresa en obtenerla tuvo que tener previamente un laboratorio registrado y certificado, un terreno agrícola, protocolo de seguridad y plan de producción aprobados y personal contratado con una inversión total de 8 millones de dólares, según Andrés Vázquez, presidente del laboratorio Cann Farm.
La legislación vigente es excluyente
Este problema de acceso a medicina natural es consecuencia de la Ley 30681, que excluyó a los productores artesanales y a los cultivos de cannabis pre-existentes en el país. En lugar de permitir la formalización de los productores que ya abastecían a pacientes, dicha norma estableció que la licencia de producción "se otorga exclusivamente a las entidades públicas y laboratorios debidamente registrados y certificados". Con ello, el Estado estableció un sistema de licencias cerrado para la industria farmacéutica, sin considerar que el cultivo de cannabis es una actividad agrícola y que el control de su siembra es inviable. Esto ha traido como consecuencia que, por un lado, los productores artesanales se arriesguen a intervenciones policiales. Por ejemplo, señala el abogado Leonardo Latinez, una persona que se dedicaba a la producción y venta de aceites de cannabis para usuarios medicinales enfrenta ahora un proceso en el que el Ministerio Público ha pedido 8 años de cárcel por el presunto "delito contra la salud pública". Por otro lado, esta ley excluyente ha provocado que las empresas que han invertido para ser formales no estén obteniendo las ganancias que esperaban.
Favorecería a miles de pacientes
Solo tomando en cuenta a los pacientes inscritos en el RENPUC, son más de 10,000 las personas que acceden a medicina natural a través de una vía no regulada. Si bien, según información del Ministerio de Salud (Minsa) solicitada por el químico farmacéutico Pedro Wong, ningún paciente ha reportado efectos adversos por consumir cannabis en los últimos tres años (el Reglamento se publicó en febrero del 2019), sí hay casos de pacientes estafados por productos que no son efectivos. En algunos casos, los pacientes buscan otras marcas y llegan a encontrar un producto con los efectos deseados; sin embargo, en otros casos, los usuarios dejan de interesarse por la medicina cannábica pensando que no funciona en base a una primera experiencia negativa.
Ante ello, como hemos señalado en anteriores publicaciones, el Estado debería poner a disposición de pacientes, médicos y productores registrados los laboratorios que cuenten con cromatógrafos donde realizar los análisis de control de calidad. Parte de esto se ha logrado en el proyecto de Reglamento del Cultivo Asociativo, que establece que los análisis de la producción artesanal de los Clubes Cannábicos pueden efectuarse en laboratorios públicos y privados debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Salud (INS).
Traería beneficios económicos y laborales
Aparte de más ingresos para el Estado por impuestos, trámites y licencias, la formalización de los productores artesanales de cannabis en Perú contribuiría a mayor productictividad y competitividad.
“Ser informal restringe el normal desarrollo de una empresa debido a la falta de acceso al Sistema Financiero, mayores gastos para encubrir sus actividades (con el fin de ocultar sus actividades ilícitas hacen gastos en infraestructura y sobornos), desprotección legal, desaprovechamiento de las economías de escala, etc. lo que conlleva a que tengan poca o nula capacidad de expandir su mercado interna y externamente. Todos estos factores negativos se traducen en una menor productividad, la que a su vez genera una pérdida de competitividad y con ello un menor crecimiento económico”, señala el informe de ADEX citado anteriormente.
Por ello, "si se incentiva a que las empresas salgan de la informalidad a través de la reducción de cargas tributarias, sobrecostos laborales y barreras burocráticas, y de la mano con la implementación de mejoras tecnológicas de largo plazo, reformas educativas y capacitaciones continúas, el nivel de la productividad laboral promedio se multiplicaría por 11, lo que se traduciría inevitablemente en un mayor crecimiento económico y con este se alcanzaría un mayor desarrollo económico”, señala ADEX.
Además, con la formalidad, las personas que actualmente laboran en la clandestinidad en la producción artesanal de cannabis, podrán gozar de derechos y beneficios laborales. Esto implicaría recibir mayores ingresos y dinamizaría el consumo "traduciéndose en un mayor crecimiento económico, mejora de las condiciones de vida y contribuiría a la reducir los niveles de pobreza".
Es necesario abrir el mercado del CBD
En noviembre pasado, este fue un pedido de diversas organizaciones cannábicas, a excepción de los representantes de médicos. Cuando se pidieron opiniones para el proyecto de nuevo Reglamento, las asociaciones Buscando Esperanza, Mi Esperanza Brota de la Tierra, Cannabis de Esperanza y las integrantes de la Federación de Cannabis Medicinal (Fecame), enviaron una carta al Minsa pidiendo que, siguiendo la tendencia mundial, los productos que solo contengan cannabidiol (CBD) sean de venta libre y con registro sanitario. Actualmente, podemos encontrar productos con CBD en ferias, tiendas de productos naturales y también podemos pedirlas mediante aplicaciones de delivery, aunque sean informales. Esto se debe a la redacción del Reglamento de la Ley 30681 (Decreto Supremo Nº 005-2019-SA), que provocó diversas interpretaciones a favor del acceso a cannabis.
Esta normativa denominó al cáñamo como "la planta de cannabis, y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco". Además, declaró al cáñamo, sus partes y sus derivados como sustancias no controladas, y excluidos del Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria. Esto animó a los productores artesanales a comercializar productos con menos de 1% de THC o con solo CBD. De igual manera, médicos y médicas estuvieron prescribiendo cannabis con receta simple para los productos con menos de 1% de THC, a pesar de que el Artículo 30 establecía que la receta simple era para los productos que contenían solo CBD.
En una disposición complementaria del Reglamento aún vigente, se estableció que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tenía un plazo de sesenta días hábiles para establecer "los criterios y condiciones" para el "cultivo e industrialización del cáñamo". Lamentablemente, en los últimos tres años, el Midagri se ha negado reiteradamente a cumplir esta disposición y nunca se implementó dicha parte de la normativa. En agosto del 2020, cuando 'Sativa Info' consultó con el Midagri acerca la disposición sobre el cáñamo, este sector respondió que esto estaría yendo en contra de la Ley 30681 y que esta norma solo estaba orientada al uso medicinal y terapéutico de la planta.
Sin embarggo, como ha explicado anteriormente el abogado penalista José Ugaz, si se llegara a implementar esta normativa, deberíamos poder encontrar productos de cáñamo en "la bodega de la esquina" o en un supermercado porque "la propia ley dice que son sustancias no sujetas a control ni fiscalización" por lo que serían de libre comercialización". El Estado peruano debe cumplir con esto para fomentar la libre competencia con un enfoque inclusivo y no criminalizador.
Ahora, este Reglamento está a punto de derogarse para dar paso a una nueva normativa que incluye a la producción artesanal con cultivo asociativo. Sin embargo, el nuevo Reglamento no hace ninguna mención al cáñamo o hemp, con lo que se estaría retrocediendo y cediendo a la resistencia del Midagri. Desde el Ejecutivo, han respondido que, para el cáñamo o hemp, se debe elaborar un nuevo proyecto de ley. Lo que queda claro es que toda regulación de cannabis debe ser integral e inclusiva, sin discriminar a usuarios y productores. Al fin y al cabo, se trata de la misma planta.