El Ministerio de Salud (Minsa) desconoce lo avanzado durante la gestión de Hernando Cevallos y dice no contar con grabación de una teleconferencia sobre cannabis organizada por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). El proceso participativo con las asociaciones de pacientes se interrumpió en noviembre del 2021.
[Ministro de Salud, Jorge López Peña. No responde a las cartas enviadas por las asociaciones de pacientes ni a las solicitudes del representante de las organizaciones sociales en el Consejo Nacional de Salud]
La crisis política y los cambios ministeriales han afectado gravemente la reglamentación de una ley que espera más de seis años y por la que están en riesgo las libertades de cultivadores medicinales y la salud de pacientes de cannabis: la Ley 31312, Ley de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo.
La última invitación hecha por el Minsa a las asociaciones de pacientes y cultivadores fue durante la gestión de Hernando Cevallos en noviembre del 2021. Ese mes, estuvimos en el Minsa representantes de las asociaciones Buscando Esperanza, Mi Esperanza Brota de la Tierra, Ámbar, Cultivando Vida, la Federación de Cannabis Medicinal (Fecame), el consultorio médico Cannahope y Cannabis de Esperanza. En diciembre, el Minsa sostuvo otras reuniones con miembros de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide (Apemedcann), Cannavital y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Ricardo Soberón.
Según el Registro de Visitas del Minsa, el 1 de diciembre del 2021 se llevó a cabo una reunión sobre cannabis, pero los datos del visitante corresponden a una persona fallecida: Walter Eduardo Gil Canchari, que, según RENIEC, murió hace más de veinte años (2001).
En enero del 2022, se culminó de redactar una tercera versión del proyecto de nuevo Reglamento de cannabis, que ahora incluye a las asociaciones de cultivo. Ese texto iba a ser consultado con las asociaciones de pacientes en una reunión, pero el Ejecutivo decidió remover del cargo al exministro Cevallos y se interrumpió el proceso de diálogo.
Tras la salida de Cevallos, las asociaciones Buscando Esperanza, Mi Esperanza Brota de la Tierra, Ámbar y Cultivando Vida enviamos cuatro cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Minsa y la DIGEMID pidiendo reunión y advirtiendo el riesgo de criminalización por falta de Reglamento y las amenazas de denuncias penales presentes en el proyecto.
A pesar de ello, el 17 de mayo, sin convocar a las asociaciones, el Minsa publicó el mismo texto que se había terminado de redactar en enero y puso un plazo de 90 días calendario para que la sociedad civil peruana y los países de la Comunidad Andina (CAN) envíen sus observaciones. Con ello, la Ley 31312 estaba destinada a cumplir más de un año sin Reglamento, cuando el plazo era de solo 60 días.
Tras la publicación de este nuevo proyecto, volvimos a enviar una carta al Minsa, esta vez a través de Javier Llamoza, miembro del Consejo Nacional de Salud (CNS), quien le pidió al actual ministro Jorge López Peña que se reúna con los representantes de las asociaciones.
"En el proyecto de reglamento se observa la penalización de cultivadores y productores artesanales que cometan una infracción al procedimiento señalado en el reglamento, situación que para juristas debiera ser una infracción administrativa, los efectos de lo señalado afectaría negativamente a las asociaciones de cannabis medicinal que abastecen al 70% de los pacientes del Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC); solo el 30% recurre a los establecimientos licenciados para adquirir su medicación, incluyendo a la farmacia del MINSA; actualmente no hay ningún establecimiento público licenciado en regiones, situación que debe ser analizada a luz de beneficiar a los pacientes a nivel nacional que requieren mejor acceso a su medicina, adjunto un informe que da cuenta de las observaciones y controversias del reglamento", se lee en la carta escrita por Llamoza, en la que comparte un informe elaborado por 'Sativa Info'.
Además, como 'Sativa Info', solicitamos a la DIGEMID información sobre lo dialogado en las reuniones que se llevaron a cabo el año pasado. El 25 de mayo esta institución respondió que "no existe la información requerida".
El 15 de julio, en momentos en los que se acercaba el vencimiento del plazo para enviar observaciones, la DIGEMID organizó la reunión técnica virtual "Regulación del cannabis de uso medicinal en el Perú" como parte de su "programa de capacitaciones a los administrados". Sin embargo, en sus exposiciones, las funcionarias Judy Castañeda Alcantara (Equipo de Productos Controlados) y Yisela Vargas Correa (Dirección de Productos Farmacéuticos) leyeron información sobre el Reglamento de la Ley 30681 (2017), que le dio la exclusividad de las licencias de cultivo y producción a los laboratorios.
"No es el tema de hoy; sin embargo, lo que podría señalar es que lo que se está proponiendo se diferencia de la producción comercial. Los pacientes van a elaborar sus productos para ellos mismos. No podemos hablar todavía porque no está aprobado. Es importante recibir los comentarios, sobre todo de las asociaciones, para poder ver cómo finalmente se llega a algún punto de regulación", dijo Castañeda sin darle participación a ningún representante de las asociaciones de pacientes.
Ante ello, pedimos la grabación de la teleconferencia que debería haber sido transmitida públicamente, y no por Zoom previa inscripción como fue. Lamentablemente, la DIGEMID respondió que no tiene el material por "limitación de la conectividad".
El 5 de agosto, pasó lo que las asociaciones venían advirtiendo a través de diversas cartas enviadas al Ejecutivo: pacientes y cultivadores están expuestos a criminalización mientras DIGEMID no otorga ninguna licencia a asociaciones. Ese día, en San Miguel, dos pacientes de la asociación 'El Jardín de María José' fueron detenidas por la Policía por tener plantas de cannabis en su casa.
A pesar de ser una asociación inscrita en Registros Públicos y en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), con padrón de socios y pacientes con receta médica, las pacientes pasaron 15 días privadas de su libertad. Si bien el Ministerio Público consideró al cultivo como un delito menor al tratarse de menos de 100 plantas y no ordenó prisión preventiva, el Ministerio del Interior (Mininter) no retiró la denuncia y los integrantes de la asociación están denunciados por el presunto "delito contra la salud pública comercialización, cultivo de marihuana y su siembra compulsiva".
Diversos medios de comunicación informaron sobre este atentado contra los derechos fundamentales a la salud y libre asociación.
Casi una semana después, mientras pacientes estaban detenidas, el Minsa convocó a una reunión sobre cannabis a la que no fue invitada, de manera formal, ninguna asociación de pacientes. El 11 de agosto, en representación de 'Buscando Esperanza', 'Mi Esperanza Brota de la Tierra', 'Ámbar' y 'Cultivando Vida', ‘El Jardín de María José’ y las más de 50 asociaciones de cultivo inscritas en Registros Públicos, pudimos estar el abogado Leonardo Latinez y quien redacta este informe. Expusimos sobre el acceso restringido, advertimos las amenazas de denuncias penales y reclamamos la falta de respuesta a todas las cartas enviadas por las asociaciones. La directora de la DIGEMID, Lida Hildebrandt, recibió los documentos y se comprometió a revisar las observaciones.
En esa reunión, coordinada entre el asesor del Minsa, Elias Steck, y el consultorio-droguería Grupo Anandamida SAC, el viceministro de Salud Pública, Joel Candia, se comprometió a invitar formalmente a las asociaciones para el jueves 18 de agosto. Sin embargo, la invitación nunca llegó y ese día las asociaciones y diversos activistas realizaron un plantón en los exteriores del Minsa en Jesús María.
Previamente, el 15 de agosto, las asociaciones antes mencionadas, la Fecame y el laboratorio Cann Farm Perú SAC enviaron sus respectivas observaciones al proyecto y coincidieron en que el Minsa debe respetar el derecho de los pacientes a usar todas las vías de administración, permitir la venta sin receta médica de productos con cannabidiol (CBD) y excluir a la cannabis del Reglamento de Estupefacientes para simplificar las recetas, reducir los precios de los productos y retirar las amenazas de denuncias penales contra productores.
Luego, el 2 y 3 de setiembre en Lima, se llevó a cabo de manera exitosa el Primer Congreso Internacional de Cannabis y Entógenos de la Apemedcann, que contó con la participación de las asociaciones de pacientes y cultivadores, quienes expusieron sus observaciones en la Mesa sobre Cultivo Asociativo. A este evento científico asistieron funcionarios de la DIGEMID, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la PNP. En dicho congreso, como 'Sativa Info', estuvimos impulsando la firma del pronunciamiento "No más presos por cultivar medicina en Perú", que señala las incoherencias legislativas del Estado peruano respecto a cannabis y pide al Minsa que retire a la cannabis de la lista donde se mantiene, sin sustento, junto a sustancias peligrosas como morfina, metadona y fentanilo.
El martes 13 de setiembre, Javier Llamoza, quien anteriormente había enviado carta al ministro de Salud pidiendo que se reúna con las asociaciones, envío un pedido para la Decimotercera Sesión Ordinaria del CNS. El miembro titular del CNS pidió que el Minsa publique el nuevo Reglamento de cannabis tomando en consideración las observaciones enviadas por la sociedad civil. La sesión se iba a realizar el jueves 15, pero fue postergada de manera repentina para el martes 20 de setiembre.
Precisamente el día en el que iba a sesionar el CNS y en un contexto en el que se ha reactivado la represión policial contra cultivadores y productores de cannabis para uso medicinal, el 15 de setiembre, se llevó a cabo una nueva reunión sobre cannabis en el Minsa, pero, nuevamente, sin participación de las asociaciones de pacientes, que llevan más de seis años reclamando al Estado que respete sus derechos a la salud y a la libre asociación.
Lamentablemente, todo indica que regulación de la cannabis seguirá estando en manos de la DIGEMID y no del INS, como se esperaba que sucediera, ya que se trata de una planta medicinal y debería ser reconocida como medicina tradicional y no como "sustancia controlada".
Fuentes de 'Sativa Info' advierten que una nueva versión del proyecto de Reglamento de Cultivo Asociativo habría salido del Minsa hacia la PCM, pero sin ningún tipo de consulta ni participación formal de las asociaciones en esta gestión de López Peña. Esto significaría el incumplimiento del compromiso del Minsa de invitar formalmente a las asociaciones para que vuelvan a participar en la reglamentación de una ley que es por y para los pacientes.